PROSTITUCION

El eterno debate entre los detractores y defensores de la regulación de la prostitución en España ha vuelto a tomar un nuevo rumbo tras conocerse hace pocos días que María Isabel Martín se ha convertido en la primera prostituta de nuestro país que ha sido dada de alta en la Seguridad Social como «camarera de alterne» (aunque aún no está contemplada esta categoría), después de que un juez y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le reconocieran sus derechos laborales. Esta decisión ha dado pie a que los diversos protagonistas implicados en esta actividad tomen posiciones proponiendo fórmulas diferentes para un negocio que, según las estimaciones oficiales más recientes, mueve cerca de 12.000 millones de euros anuales.

De este filón viven y sobreviven cerca de 300.000 mujeres en España, a tenor de los datos que se barajan oficiosamente en estos círculos. Mujeres que ofrecen sus servicios sexuales en clubes de alterne, en pisos y en la calle, de forma voluntaria u obligadas por proxenetas. Una realidad sin duda sumergida, que en su momento quiso conocer la Comisión Especial de Prostitución del Senado, en la que comparecieron diversas instituciones y asociaciones, pero que no llegó a elaborar sus conclusiones ya que antes se disolvieron las Cortes Generales.

La necesidad de equiparar los derechos laborales de estas mujeres a los de cualquier otro trabajador es el objetivo principal que persiguen asociaciones como Hetaira. Desde esta organización, Cristina Garaizabal aboga por «establecer convenios que regulen los trabajos sexuales, que ellas decidan con quién quieren estar o los actos sexuales que quieren vender, además de pagar impuestos y tener su jornada». «Se trata -dice Garaizabal- de que puedan disfrutar de unas prestaciones cuando lleguen a la vejez o cuando enfermen. Muchas mujeres ejercen la prostitución voluntariamente, porque obtienen más dinero. Algunas pueden ganar incluso 3.000 euros al mes. Es un dinero limpio, libre de impuestos. Y hay que romper con el estigma de que es un vicio o algo terrible».

Pero no todas las organizaciones se muestran favorables a esta reivindicación. La coordinadora de la Asociación para la Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida (Apramp), Rocío Nieto, se declara contraria a la normalización de este tipo de trabajos. «Supondría regular la miseria y la explotación. La mujer no se prostituye libremente, sino bajo condicionantes de todo tipo. Muchas lo hacen para pagar una casa en su país de origen o para enviar dinero a su familia», dice Nieto.

Y es que aparte del debate, los datos oficiales señalan una realidad a tener en cuenta: el 70 por ciento de las mujeres que ofrecen sus servicios en este mercado del sexo son inmigrantes. Por ello, Nieto insiste en la conveniencia de plantearles alternativas sociolaborales para abandonar el oficio. De hecho, durante 20 años esta entidad ha trabajado por ofrecerles una salida digna, a través de talleres de formación y empleo, entre otras iniciativas.